¿Por qué es bueno que fracase la investidura de Pedro Sánchez?

Muchos observadores con poco tino han dicho que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Albert Rivera tiene un tono centrista, que es un pacto que incluso podría firmar sin despeinarse el propio Mariano Rajoy.

Los firmantes, por su parte, han procurado arrimar el ascua a su sardina aunque pienso que Sánchez ha dejado que Rivera se apuntase el tanto de afirmar que en el acuerdo se incluía el 80% de los planteamientos de Ciudadanos, a sabiendas de que es una gran mentira. Por aquello de hacerle un favor, de que quede bien, y no pierda votos por la derecha, que los perderá seguro.

Pero cuando se leen las 60 páginas del documento se llega a una conclusión irrefutable: el acuerdo es casi una copia literal del programa electoral del PSOE, algo por otra parte lógico, ya que los socialistas cuentan con 90 diputados, y más que doblan los escaños de Ciudadanos.

Y esta es la razón principal para que el señor Sánchez sea derrotado en la primera sesión de investidura. Porque el programa con el que se presenta es malo para el país. Hay muchas razones que avalan esta tesis, pero la principal es que es un acuerdo que eleva al gasto público y que conduce inevitablemente a subir los impuestos. Introducir al mismo tiempo una renta mínima y un complemento salarial garantizado requerirá de recursos muy superiores a los 7.000 millones calculados angelicalmente por el dueto Sánchez Rivera.

El coste puede cuadriplicarse.

Y como es natural, los impuestos precisos para enjugar este aumento brutal del gasto público tienen que aumentar. Es verdad que se dice que se congelarán las tarifas del Impuesto sobre la Renta, pero este avance es menor si al mismo tiempo se eliminan desgravaciones, que es algo que se omite y que seguramente está en el pensamiento de los autores del plan. También se deduce del documento que subirá la tributación para las rentas del capital -una de las obsesiones de los socialistas-, así como para los beneficios de las empresas, en el Impuesto de Sociedades, lo que expulsará el ahorro y la inversión y castigará la creación de empleo.

Se eleva el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, porque las autonomías que lo tienen completamente bonificado, como es el caso de Madrid, La Rioja y otras, se verían obligadas a cobrarlo. Se aumentan los impuestos medioambientales de tal manera que se perjudicará a las familias con menos ingresos, que no pueden comprar los coches más caros con motores más desarrollados, y también está previsto aumentar las cotizaciones sociales -que son el verdadero impuesto sobre el empleo-, al eliminarse los actuales incentivos a la contratación. El único impuesto que baja es el IVA para el cine y los espectáculos, para contentar a los señores del ramo, a los de la ceja.

La estrategia de política económica practicada durante la pasada legislatura puso el énfasis en impulsar la competitividad de la economía española -la palabra competitividad sólo aparece una vez en el documento de marras- a través de una reforma laboral que permitiera a las empresas adaptarse con flexibilidad al ciclo, y elegir, en caso de necesidad, vías de ajuste diferentes a la del despido, bajando salarios o cambiando otras condiciones de trabajo. Esta estrategia ha sido un éxito. La economía crece por encima del 3% y ha sido capaz de crear el 60% de todo el empleo de la unión. La estrategia que presenta Sánchez es radicalmente contraria.

Está basada en una redistribución arbitraria de los ingresos públicos en perjuicio no sólo de las clases medias sino también de los más desfavorecidos. Estos se verán especialmente perjudicados por los cambios que se quieren introducir en la legislación laboral. En particular, por el propósito de eliminar la prioridad del convenio de empresa en los dos elementos fundamentales, el salario y la jornada.

De ponerse en práctica, esto impediría que las compañías pudieran adaptar el convenio a su propia situación, perjudicando la contratación. También se quiere dar marcha atrás en la supresión de la ultraactividad -la prórroga automática de los convenios-, que ha venido siendo el auténtico cáncer del mercado laboral y el principal instrumento de poder de los sindicatos, pues prolongaba convenios desfasados, con aumentos salariales desorbitados incluso en épocas de crisis, abocando a las compañías a la destrucción de empleo.

El acuerdo se propone igualmente la eliminación del mínimo exento de 500 euros en las cotizaciones sociales, que ha supuesto un potente incentivo para la contratación indefinida, y está en peligro la tarifa plana para los autónomos, lo que desmiente la retórica absurda del señor Rivera en el sentido de que estamos ante el primer acuerdo de la historia que los favorece. La idea que se extrae del documento es la de revertir lo que ha venido siendo un eje fundamental hasta ahora -aunque poco ambicioso pero un eje-, que era reducir los impuestos que gravan la creación de empleo -como son las cuotas- para reducir el coste de la contratación y favorecer la lucha contra el paro.

La combinación del aumento del gasto, de la subida de impuestos y la reversión de la reforma laboral, que ha merecido el elogio de las autoridades comunitarias, nos crearía, de ponerse en marcha, muchos problemas en Europa. Mucho más aún si va acompañada de la modificación pretendida del artículo 135 de la Constitución -el que se vio obligado a reformar in extremis Zapatero bajo la presión inexorable de Bruselas, y que requirió una alteración constitucional- que consagra la estabilidad presupuestaria, popularmente conocida como la persecución del déficit cero. Un cambio de las reglas del juego en este aspecto condenaría a España a pagar mayores tipos de interés por su deuda pública, lo que reduciría su capacidad de crecimiento y sus posibilidades de sostener un gasto público que sigue siendo, en los niveles actuales, demasiado elevado.

Por resumir, el pacto alcanzado entre los señores Sánchez y Rivera revierte ( o directamente deroga) reformas que han sido fundamentales para que la economía española haya vuelto a crecer en los dos últimos años -a partir de la segunda mitad de la legislatura popular- y para que haya recuperado, también en ese tiempo, la mayor parte de la competitividad perdida. Es un pacto que aborda en el peor sentido posible otras cuestiones trascendentales, como la política energética, que por primera vez después de los ocho años de Zapatero, ha logrado detener y corregir el déficit de la tarifa eléctrica. La aborda en el peor sentido posible porque también quiere dar marcha al tras al nuevo modelo y abandona como prioridad tener la energía más barata posible.

Pero dejémoslo aquí. Ya me parece suficiente como para concluir que este acuerdo, de entrar en vigor -y por fortuna no ocurrirá, de momento- sería perjudicial para el país. Sánchez ha dicho, y con tal espíritu ha convocado a los militantes, obteniendo el respaldo suficiente, que este acuerdo hace posible el Gobierno del cambio y de progreso que pidieron los electores en las urnas. Pero primero, los electores no pidieron nada. Votaron a quienes quisieron. Punto. En segundo lugar, el ganador con una diferencia notable en las pasadas elecciones fue el PP. Tercero, PSOE y Ciudadanos, que son los agentes en cuestión, apenas suman ocho diputados más que el PP, y cuentan también con el rechazo de Podemos, o sea que están condenados al fracaso.

Finalmente, el acuerdo es desde luego de cambio...pero a peor, es regresivo y contrario al progreso y el bienestar común. De manera que por fortuna, ni Sánchez será investido presidente en primera instancia, ni este acuerdo dañino para los intereses del país saldrá adelante. ¡De momento! Habremos ganado un poco de tiempo, aunque la política siempre puede deparar sorpresas, y me temo, por desgracia, que todas malas -quizá un acercamiento entre Sánchez e Iglesias que todavía podría ser más letal-. Hay un escenario alternativo que sería el mejor de los posibles que unas nuevas elecciones produzcan una realidad distinta o infundan más sentido común al conjunto de los partidos políticos.









Miguel Ángel Belloso
Expansión